Por Andrés Molina Ochoa* (Phd)

@andresmolinaoch

Colombia, año 2026 o 2020. Las negociaciones con el ELN, siguiendo el ejemplo de los acuerdos con las FARC, han llegado a un feliz término. Los paramilitares, perseguidos por un ejército con más recursos dado que ya no tienen que enfrentarse a las FARC, se encuentran desmantelados y las plantaciones de coca han sido reemplazadas por cultivos exitosos, cuyos dueños son pequeños campesinos. La Comisión de la Verdad, además, ha permitido no sólo conocer la magnitud y alcance de la tragedia de la guerra, sino sanar las heridas y reconstruir el tejido social de nuestro país. Los colombianos no sólo saben más de su pasado, sino que lo recuerdan sin odio, con la esperanza de una vez y por todas construir una nación que nos incluya a todos.

Colombia, misma fecha. El gobierno por segunda vez consecutiva en el año se ve abocado a subir la carga impositiva, porque carece de dinero para pagar las prestaciones adquiridas en los acuerdos de paz. El Estado, paquidérmico y burocratizado con las casi 70 nuevas entidades creadas por los acuerdos de La Habana, arruinado por los continuos bajos precios del petróleo y por la crisis en el comercio internacional, es incapaz de satisfacer las necesidades básicas. Algunos, incluso, sugieren que como van las cosas, no tendrá dinero suficiente para pagar las pensiones que adeuda. La población no confía en la corrupta clase política que por décadas lleva gobernando el país. Un nuevo candidato es elegido con el apoyo de grupos de izquierda y los cada vez más populares desmovilizados de las FARC. Sus decisiones económicas contradicen cualquier ortodoxia económica: control de cambios, de precios, expropiaciones, nacionalizaciones y, al final, persecución a la prensa y prisión para los políticos de los partidos contrarios.

Colombia, año 2017. Las FARC de forma reacia firman un segundo acuerdo para la paz, luego de doce meses largos de negociaciones que sucedieron al NO en el plebiscito del 2 de Octubre. En el nuevo acuerdo, se han solucionado muchos de los errores que se cometieron en los anteriores diálogos. Se eliminaron las entidades creadas por las FARC y la política agraria, por sólo mencionar dos aspectos, no será regulada por una norma de carácter casi-constitucional, sino por una ley que se tramitará luego del concurso de expertos en el tema y miembros de las comunidades más vulnerables. A las FARC se les ha otorgado participación política, pero ésta no será gratuita, dependerá de que el grupo guerrillero supere un margen mínimo de votación establecido en el acuerdo.

Colombia, año 2026 o 2020, la mitad de los acuerdos con las FARC han dejado de cumplirse por problemas que van desde fallas en el presupuesto hasta mala voluntad de las partes. Nuevos grupos han retomado algunos de los territorios abandonados por la guerrilla. Algunos con ironía las llaman Facrim. Los desmovilizados de las FARC han logrado algunos escaños en el Congreso y algunas posiciones políticas importantes, pero su posición sigue siendo minoritaria. La mayoría de las personas creen que aunque se avanzó con los acuerdos, las cosas siguen siendo muy parecidas a como eran antes. Las nuevas bandas criminales controlan el negocio del tráfico de dólares, en tanto que el secuestro y el desplazamiento son aves negras que han vuelto a posarse sobre los abandonados territorios de nuestra patria.

Con la mano en el corazón, dígame, usted seguro cuál será el futuro de Colombia luego de que triunfe el sí o el no en el plebiscito ¿Conoce usted las intenciones de los miembros de las FARC y del gobierno? ¿Les cree? ¿Sabe cuál serán las consecuencias económicas del increíble y farragoso número de entidades públicas que se crearán? ¿Sabe quiénes serán los jueces de la jurisdicción de paz? ¿Conoce usted qué parámetros utilizarán para juzgar a las partes? ¿Sabe cuál será la reacción de los otros grupos involucrados en el conflicto y que pueden o no aceptar los acuerdos que se han dado con la guerrilla? ¿Está seguro que la Comisión de venezolanos, chilenos, noruegos y cubanos que dirimirá los conflictos entre el Estado y las FARC decidirá las controversias de una forma justa y no parcializada? ¿Qué pasará con los grupos disidentes? ¿Está seguro que las FARC entregarán las armas y no terminarán en las manos de grupos paramilitares como pasó en Urabá cuando los procesos del EPL? ¿Sabe usted que sucederá con la política en contra de los cultivos ilícitos? ¿Se acabarán los cultivos de coca en el país? ¿Se legalizarán esas drogas? ¿Se apropiarán otros grupos igual de despiadados de esos cultivos?

Le aseguro que usted, como yo, no conoce la respuesta a esas preguntas. Por eso, usted como yo, lo más que podemos es aventurarnos a imaginar cuál es la mejor respuesta, qué es lo que más le conviene al país.

Yo me he leído el texto entero de los acuerdos, así como a quienes creo son las voces más serias en favor del sí y del no. Aun así, me sorprende la pobreza de los argumentos de unos y otros. Decir que en Colombia volvería la guerra, como ha dicho el profesor Uprimny, porque algo similar sucedió en Chipre es, cuando menos, una comparación exagerada. Afirmar que los jóvenes colombianos delinquirán, porque ya saben que serán premiados con puestos en el Congreso es una afirmación que desconoce todo lo que la humanidad ha aprendido de criminología en las últimas décadas. Pensar que debemos votar por el sí, porque la Comunidad Internacional se reiría de nosotros (como dice Mockus), no sólo es una falacia lógica, sino una afirmación falsa que desconoce las también muchas voces de otros países que se oponen a los acuerdos. Decir que en Colombia tendremos una economía socialista una vez aprobados los acuerdos no es una falacia, es un engaño.

Por todo lo anterior, decidir cómo votar mañana es difícil, muy difícil. El famoso anarquista Robert Paul Wolff ha afirmado en varias ocasiones que el voto de la democracia, en realidad, no es una manifestación válida, porque los votantes no conocen qué sucederá con sus candidatos. Nosotros no sabemos cómo votarán los proyectos de ley, por tanto, no podemos decir que la ley es el resultado de nuestras decisiones. Algo similar, sin duda, debe decirse sobre el plebiscito.

Aun así, hay una razón que me lleva a votar en un sentido específico: los niños de las FARC. En un muy famoso escrito sobre la responsabilidad moral, la filósofa estadounidense Susan Wolf propone un caso que, en mi opinión, es aplicable al momento de decidir que hacer con las FARC. Imagínense que el hijo de un dictador es entrenado por su padre para cometer todo tipo de atrocidades. El menor crece creyendo que la crueldad y la sevicia es lo normal, que torturar y masacrar sólo son actos de gobierno ¿Tendrá él la misma responsabilidad si tortura? ¿Tiene él una personalidad sana, una capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal?

Como alguna vez mencionó Gonzalo Arango en la Elegía a Desquite, muchos de los guerrilleros también son víctimas. Ellos son los niños cuyo uniforme fue un camuflado, sus juguetes fueron armas y sus juegos fueron la muerte. Ellos no son sólo victimarios, también son víctimas y como tales, también merecen una oportunidad. Por ellos, sólo por ellos, votaré por sí en el plebiscito.

Claro, es un voto con reservas y con la firma de intención de cambiar por vías legales toda la maraña de engendros jurídicos que se aprobaron. Alguna vez Gustavo Gallón, fiel defensor del sí, manifestó: “Difícil concebir mayor cinismo: la justicia no consiste en reducir las penas a los victimarios, sino en garantizar verdad, sanción y reparación a las víctimas.” Obvio, entonces hablaba del proceso de los paramilitares, con la guerrilla su racero siempre ha sido diferente. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con él. La meta después del triunfo del sí debe ser cerciorarse por todos los medios de que los responsables paguen sus culpas y las víctimas sean reparadas, y que el Estado que nos dejen no muera en una interminable burocrática madeja de instituciones caducas y proyectos económicos sin ningún sentido. Los acuerdos una vez aprobados pueden cambiarse. Cualquier estudiante de derecho lo sabe: no hay nada más permanente que un impuesto temporal, ni nada más efímero que una cláusula pétrea. Si no, pregúntenle a los amnistiados generales argentinos, ellos terminaron en la cárcel.

*Ha sido profesor de la Universidad de Binghamton y la Universidad de Baltimore, así como del John Jay College of Criminal Justice.