No fue una marcha contra Gina Parody.
Por Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá
Llevaba más de cinco (5) años casi en solitario, y como Concejal de la Familia, defendiendo públicamente, en el escenario político, los principios y valores de la familia de nuestra cultura cristiana católica y evangélica: papá, mamá e hijos. He asumido el riesgo de ser descalificado con epítetos como “fundamentalista”, “cavernícola” “homófobo”, “retardatario”, “fanático” e “inquisidor”, etc., difundidos generosamente por opinadores de los medios de comunicación, quienes mientras reclaman de forma airada “respeto y tolerancia”, deslegitiman y promueven el odio a quienes no pensamos como ellos. También he asumido el riesgo de que me maten pues he sido ocasionalmente amenazado. De hecho, atentaron contra la sede de mi partido “Opción Ciudadana”.
Después del histórico 10 de agosto (10 A), la masiva movilización de la sociedad civil colombiana, convocada por la Mesa Nacional de Educación y Autonomía MenaceA en Bogotá y en Santander por la diputada Ángela Hernández, a la que se sumaron evangélicos y católicos, quedó probado que esta causa en defensa de la familia se irradió por toda Colombia.
Menos mal el 10A se produjo en la sociedad digital que nos permite a través de los medios o redes sociales, registrar la información del hecho contundente que muchos medios masivos tradicionales han intentado minimizar y deslegitimar con los epítetos de siempre. Pero ya no les será tan fácil invisibilizarnos como antes, somos millones de voces que han surgido como una advertencia contundente desde el corazón del pueblo colombiano: no nos podrán callar, seguiremos protestando.
El 10 A, como fenómeno de indignación social, no fue una acción colectiva dirigida a reproducir las discriminaciones contra los LGTBI y menos contra la persona de Gina Parody, pues respetamos la vida, integridad y orientación sexual, tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, es evidente que la mayoría de los medios masivos, en el tratamiento de la información y la opinión, invocando supuestas “verdades científicas”, han caído en discriminación religiosa, con esa forma de cristianofobia contra católicos y evangélicos colombianos, que defendemos el aporte de los valores y la ética cristianos en la construcción de la razón pública.
Esas frecuentes descalificaciones mediáticas podemos entenderlas a través del planteamiento que hace el sociólogo Zygmunt Bauman, en el libro “Ceguera moral: La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida’, realizado en colaboración con Leonidas Donskis, en el que a través de la noción “adiáfora”, entendida como “situar ciertos actos o categorías de los seres humanos fuera del universo de evaluaciones y obligaciones morales”, afirma que la característica de la época actual es la insensibilidad hacia lo moral y el deterioro moral.
Teniendo en cuenta este contexto, es importante analizar ¿Cuál es el mensaje y lecciones que el 10 A está enviando a la institucionalidad colombiana?
En primer lugar, envía un mensaje fuerte y directo que dice: no vamos a dejarnos imponer en la educación de nuestros hijos, el componente radical de la ideología de género, que entendemos como un sistema conceptual y de prácticas que surgió de la relectura de la categoría de género (gender), realizada por el feminismo académico anglosajón y según la antropóloga mexicana Marta Lamas, tuvo la intención de establecer las diferencias entre las construcciones sociales y culturales, de las biológicas y el objetivo político de “distinguir que las características humanas consideradas “femeninas” eran adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse “naturalmente” de su sexo.”
Este ejercicio de expansión del concepto de género se ha llevado hasta un extremo por la teoría queer, con pretensiones de ciencia de verdades únicas que afirma que las identidades sexuales, orientaciones sexuales y género son una construcción social y no tienen ninguna conexión con el sexo biológico. De ahí que el documento “Ambientes escolares libres de discriminación”, objeto de la movilización masiva del 10 A, afirme que: “… al comprender el género como un conjunto de normas que se imponen sobre los cuerpos y que no dependen del sexo del sujeto, se empieza a entender que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo, de acuerdo con la sociedad y época en las que se crezca” (Pág. 19).
Este es el enunciado básico de la ideología de género radical que definitivamente pretende, como lo menciona el mismo documento, deconstruir (Pág. 16) desde el escenario de la escuela la idea de que se nace niño o niña. Un efecto de este tránsito por los múltiples géneros necesariamente entra en tensión conflictiva con la concepción de familia de nuestra Constitución Política, instalada en la cultura colombiana.
Pretender introducir esta concepción desde una posición de autoridad y poder Estatal en los manuales de convivencia escolar, a través de las preguntas orientadoras y de la cartilla que ahora asumen como suya, las agencias de la ONU que firmaron con el Ministerio de Educación y Colombia Diversa el Convenio 753 de 2016, fue el ‘caldo de cultivo’ que despertó la indignación de las familias este 10A, que han estado observando de forma pasiva cómo se transformaba, como si fuera un destino irremediable, la familia como institución básica de la sociedad.
Reconocemos y respetamos a las personas que tienen una orientación sexual diferente, que no comparten la visión mayoritaria de familia y rechazamos todo acto de discriminación por su condición. Pero una cosa es la inclusión y el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y otra, que se pretenda imponer su ideología de género desde la institucionalidad a todo el conglomerado social, vulnerando así el derecho a la autonomía escolar y el derecho que tienen los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos menores, consagrado en el artículo 68 de la Carta Magna.
El segundo mensaje y lección que nos deja el 10A es una invitación a pensar una concepción de inclusión, tolerancia y respeto, desde una perspectiva diferente a la que han legitimado la mayoría de los formadores de opinión pública, que respete la diversidad de pensamiento y creencias de los actores sociales, que interactúan con fuerza en la sociedad colombiana. Porque los medios tradicionales, para mantener su credibilidad como instrumentos importantes del ejercicio democrático, deberán dejar de sobreexponer la voz y argumentos de un colectivo, mientras invisibilizan, desprestigian y latigan públicamente a quienes nos atrevemos a denunciar la “ceguera moral” y defendemos la familia.
Un lección importante para concluir es la decisión del presidente Santos de no acoger la guía “ambientes escolares…”, que reconozco como un gesto dirigido a reencauzar el diálogo social en el que se acepta la legitimidad de las miles de voces que se levantaron en el 10A y en el que retrocede, seguramente, motivado en la necesidad de garantizar la supervivencia del Plebiscito por la Paz.
Concejal de Bogotá, Comunicador Social-Periodista y Magister en Estudios Políticos.
