Por Jafeth Paz Rentería

En la actualidad hay un gran debate público por los efectos políticos y simbólicos que se han generado por la excepción de “culpa exclusiva de la victima” que propuso la apoderada de la Secretaría de Gobierno en la acción de reparación directa que interpuso la familia de Rosa Elvira Cely, quien fue asesinada, violada y torturada.
La discusión ha girado en torno a la revictimización de la historia y muerte de Rosa Elvira Cely que inspiró el reproche social que motivó la creación del tipo penal de feminicidio.

De esta manera, en el ámbito penal, esta conducta es un delito autónomo con el que se trazó la meta colectiva de garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género. (Art. 1 de la Ley 1761 de 2015). Sin embargo, en este análisis me voy a enfocar en las prácticas jurídicas instaladas en el mundo del litigio y de la decisión judicial, que se encuentran subyacentes en el argumento que ha generado el escándalo.

En el ejercicio regular de la abogacía, algunos consideran que el proceso de construcción de los argumentos jurídicos de un caso concreto son independientes de las consideraciones éticas y políticas que se pueden derivar de los mismos. En este punto, por un lado, hay un afán de éxito procesal a cualquier precio y, por otro, la intención de convencer a los jueces con todos los argumentos posibles, sin consideración de las razones éticas y de su impacto político en la sociedad.

Es decir, hay que tener en cuenta que los elementos del argumento en una defensa del Estado, son diferentes de los que soportan la defensa de un asunto privado, pues, como ya se sabe, las respuestas específicas a nombre del Estado envian mensajes al colectivo, mucho más allá de los criterios estrictamente jurídicos. Así las cosas, interesa no solo la verdad procesal, sino la verdad real, puesto que la actuación procesal puede estar justificada jurídicamente, pero puede enviar un mensaje social equivocado, como sucedió en el caso de Rosa Elvira Cely.

En otras palabras, con tal de ganar un caso o de lograr alguna disminución en la condena cualquier argumentación no es legitima para la sociedad, así ésta tenga validez en el mundo jurídico.
Ahora bien, detrás de esta intencionalidad del “todo vale”, está la idea de que lo único importante es lograr una sentencia favorable.

Es indudable que al interior de esa filosofía del vale todo, está la cultura de la corrupción que ha permeado el actuar de múltiples agentes del Estado.

Quiere esto decir que la defensa jurídica del Estado se debilita por el componente político y social que, eventualmente, se deriva de los argumentos jurídicos? Considero que no, pero sí creo que la situación que se registró en el asunto de Rosa Elvira Cely obliga a que las estrategias de defensa del Estado trasciendan de la perspectiva jurídica tradicional. Esto obliga a que el análisis de los casos deje atrás las perspectivas normativistas de quienes piensan que el mundo del derecho se circunscribe al ámbito de los contenidos normativos. Por eso, además de lo anotado, el argumento infortunado en el caso de Rosa Elvira Cely pone en evidencia una escuela de análisis del sistema juridico, que en términos de Luhman, lo concibe como totalmente independiente de los otros sistemas que orbitan en los procesos de construcción y aplicación de las normas.

Una vez más esta situación confirma que el ideal de “pureza” y neutralidad en los procesos argumentativos y de decisión judicial, son precisamente “un ideal” porque el universo del derecho está intercomunicado e interpenetrado por múltiples universos teóricos.